SALIDA. Maestros se amparan en decreto regional que reconoce bono, para no ir a juicios y cobrar deuda que data de 1990. Monto a pagar por docente llegaría a los 80 mil soles. Negociaciones se iniciaron con el Gobierno Regional.
Elizabeth Huanca Urrutia.
Arequipa.
Cerca de 3 mil docentes jubilados buscan extrajudicialmente que el Estado les reconozca las elevadas deudas por preparación de clases y evaluación, que tiene con ellos desde 1990. Los montos por saldar, según datos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), llegan a S/. 80 mil por maestro.
El concepto, reconocido en la Ley del Profesorado 24029, contempla el pago adicional del 30% de la remuneración total del docente. Sin embargo, según explica David Gonzáles, presidente del Frente Magisterial de Cesantes, el Ejecutivo hizo el cálculo en base al sueldo permanente del docente, sin considerar sus demás beneficios. Por ello "debería hacerse un recálculo".
“El gobierno hizo una modificatoria en 1999 a la Ley del Profesorado y dedujo incorrectamente el pago de esta bonificación. Con ello le recortó a los maestros de la época el 90% del pago por este concepto", comentó. El docente pone como ejemplo su caso. Por mes (como jubilado) recibe S/. 22.50 por preparación de clases, cuando según su remuneración total debería percibir S/. 247.
Salida extrajudicial
En Arequipa, la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de Educación de Arequipa (ARCIJEA), y la Asociación Regional de Educadores Cesantes de Arequipa (Areca), agrupan a los maestros cesados. La primera cuenta con 3,600 integrantes y la segunda con 800.
Todos estos educadores tienen resoluciones administrativas otorgadas por la Gerencia Regional de Educación (Grea) que reconoce el derecho al pago del bono en mención, empero, a decir de Gonzáles, solo un número mínimo de docentes ha logrado cobrar el monto real por preparación de clases.
Este pequeño grupo judicializó sus casos y obtuvo sentencias a favor. El resto (cerca de 3 mil) busca una alternativa para resolver su problema.
En ese sentido, empezaron a transar con el GRA para que bajo el amparo del Decreto Regional 005-2011, que "aprueba el procedimiento extraordinario para transacciones extrajudiciales en el proceso de bonificaciones especiales", puedan evitar llevar sus casos al Poder Judicial. Allí el proceso duraría meses e incluso años.
La idea es que la Región, a través de la Procuraduría reconozca formalmente las resoluciones otorgadas a los docentes jubilados. Con ello se acortaría el proceso ante la entidad judicial que declararía el pago del bono para los 3 mil maestros como “cosa juzgada”.
La sentencia judicial positiva es vital para los jubilados, y es que, la Ley de Presupuesto de este año exige que para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asigne una partida suplementaria para el pago de este beneficio, debe haber resoluciones judiciales consentidas.
“El monto global de la deuda no lo conocemos, cada Ugel (Unidad de Gestión Educativa Local) debe hacer el cálculo. Sin embargo, de consentirse el pago por preparación de clases, este sería incorporado permanentemente a nuestras jubilaciones y accederíamos a él hasta nuestra muerte”, acotó.
Derechos adquiridos
La Ley de Reforma Magisterial (LRM), promulgada en noviembre de 2012, incorpora el pago del 30% de la remuneración por preparación de clases al haber total de los maestros en actividad, por lo que no percibirán el monto cuando se jubilen. No obstante, los cesantes amparados en el antiguo régimen obtuvieron derechos.
“La mayoría de jubilados tenemos entre los 70 y 90 años. Muchos de nosotros están enfermos y sin dinero. Es un derecho (el pago del 30%) que ganamos con años de trabajo. El Estado debe responder”, comenta Gonzáles
Fuente: La República
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