Fiscal superior Uriel Terán indicó la necesidad de crearse al menos dos fiscalías en Arequipa.
La insatisfacción de los maestros y jubilados por el Gobierno, que desconoce sus derechos, se ve reflejada por la gran cantidad de demandas que se presentan en el Ministerio Público.
El titular de la Fiscalía Superior de Civil y Familia de Arequipa, Uriel Terán, manifestó que el 80% de la carga procesal en el área civil es generada por este tipo de demandas, donde los reclamos son por el reconocimiento de bonificaciones o los años de servicio.
Entre el 2013 y el 2015, las dos únicas fiscalías superiores llegaron a atender alrededor de 3 mil 200 expedientes anuales. La situación es mucho peor en las dos fiscalías civiles de primera instancia, pues la carga procesal es dos veces más, expresó el magistrado.
DESOYEN.
“A pesar de haber precedentes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, los administradores de los gobiernos regionales y locales no están aplicando los precedentes lo que genera que exista una sobrecarga a nivel judicial y fiscal”, aseveró.
Asimismo, esta desatención de pedidos genera pasivos y un problema dentro de la institución para las nuevas autoridades, concluyó.
Dijo que es necesario cambiar de políticas de gobierno en donde se exija el cumplimiento de estos derechos.
RETRASO.
Estos procesos ahogan a los usuarios porque se resuelven en más de cuatro meses, cuando deberían ser resueltos en menos de este tiempo. El magistrado explicó que una vez presentada la demanda al Poder Judicial, el juez hace el traslado del expediente a una fiscalía civil, siempre que exista un auto de saneamiento entre las partes. El fiscal emite el dictamen en un plazo de 15 días y luego es devuelta al juzgado para la resolución. En caso de disconformidad, el demandante o demandando puede apelar y la carpeta fiscal vuelve a repetir este proceso, pero en segunda instancia
Fuente: Diario Correo
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