DEFENDER Y AMPLIAR LOS DERECHOS DE LA LEY DEL PROFESORADO 24029.
NO AL RELANCE DE LA 29062, A TRAVÉS DE LA LLAMADA“LEY CONSENSUADA”
Como se demuestra, los que controlan el Estado, siguen profundizando la privatización en contra del derecho del pueblo a la Educación Pública Gratuita. No centran en la situación y condición del estudiante y su entorno social donde se desenvuelve; recortan el presupuesto del sector; abandonan y precarizan las escuelas y universidades públicas, luego las desprestigian para seguir aplicando mayor privatización en todos los niveles del sistema educativo; siendo ellos los principales responsables de la crisis económica y educativa que sufre el pueblo.
Consustancial a la privatización, la ultraderecha viene imponiendo flexibilización laboral (despidos y sólo contratas unilaterales y sin derechos). Para ello, apuntan no sólo a congelar la Ley del Profesorado 24029, sino que también a destruirla; precisamente para negar la estabilidad laboral y derechos conquistados, dando paso a otras negras normas como la 29062, 29510, CAS y su relance la llamada “ley consensuada” (propuesta del CEN), que es la misma ley 29062 pero con nuevo ropaje. Por ello el Estado y gobiernos de turno, bajo diversas formas y modalidades, gastando fabulosas sumas de dinero, convocaron y fracasaron, una y otra vez, en su vano intento de incorporar al magisterio nacional en la nefasta ley 29062, tras el biombo de la “meritocracia”, cuyos resultados en nada hacen cambiar la situación educativa del país.
En cuanto a la evaluación, consideramos que es una necesidad; se evalúa para saber cómo se viene actuando, cómo se cumplen los programas, planes y proyectos. Se evalúa personas, autoridades, instituciones y políticas en todos los planos. Por ello las Bases Regionales del SUTEP, en coordinación con el CONARE SUTEP, desde el 2007 venimos planteando evaluación de todo el sistema educativo: Evaluación de las políticas educativas importadas que han fracasado una y otra vez, precisamente, porque no responden a las necesidades e intereses del pueblo; evaluación del deficiente presupuesto para educación; evaluación de la situación material, social y afectiva en que viven los estudiantes, siendo urgente la instalación de comedores estudiantiles; evaluación de la infra estructura material y pedagógica de las I.E., equipándolas en todas las gamas del saber, para que los estudiantes cumplan con el principio de “aprender haciendo”; evaluación de las políticas educativas y curriculares de las Instituciones Superiores de Formación Docente, donde se equipare la preparación práctica, teórica y especializada desde los primeros años; evaluación de toda la burocracia instalada en el Ministerio de Educación; evaluación del papel intrascendente de los medios de comunicación y, por supuesto, evaluación de los maestros en el aula, que sirva para resolver y mejorar el trabajo educativo e impulsar su realización profesional (ascensos).
En la evaluación al docente, consideramos que la evaluación del desempeño y la actualización (capacitación) son factores básicos del mismo proceso evaluativo; siendo la evaluación del desempeño lo principal para el ascenso de nivel. En otras palabras, si un maestro quiere ascender de nivel tiene que evaluarse principalmente su desempeño laboral, no hay otro camino. Por tanto, de ninguna manera se justifica la separación artificiosa de la evaluación del desempeño de otra supuesta evaluación del ascenso de nivel como está consignada en la nefasta Ley 29062 y como se pretende relanzar a través de la propuesta de “ley consensuada” del CEN . El separarlo, sólo sirve para aplicar la flexibilización laboral, medida anti laboral de la patronal, por lo cual los maestros del Perú no estamos de acuerdo.
Por ello tenemos que alertar al Magisterio Nacional, que en este momento los compañeros del CEN están jugando en esa dirección errónea y colaboracionista que, como en el 2002 y 2003, participaron y aplaudieron a la Ley Privatista de Educación 28044; elaboraron y apoyaron al MED con 90 mil ejemplares, para gestar y aprobar la nefasta Ley de C.P.M. 29062 (hecho que fue reconocido a través de documentos por el mismo Ministerio de Educación); como también firmaron las Actas de “racionalización”; y para lo cual no cesan de tomar el nombre del SUTEP y nuestros dineros depositados en la Derrama Magisterial.
Hoy, otra vez, tras el argumento de que hay que ser “propositivos y productivos” y de que “la Ley del Profesorado fue buena para su tiempo”, están jugando en pared con la misma patronal, proponiendo en gran tiraje y a todo color una supuesta “ley consensuada”, que es la misma ley 29062 con nueva vestimenta. La clave del asunto se observa en el Art. 42 de su propuesta, donde aceptan la separación artificiosa de las evaluaciones del desempeño y evaluaciones del ascenso como si fueran dos hechos independientes, divorciados lo uno de lo otro para, precisamente, aplicar el despido. Luego hablan de “reconversión laboral” para llevar a los despedidos a que compitan con los administrativos en sus plazas; prácticamente aceptando el embuste de la patronal, de que los docentes son los responsables de la crisis educativa, lo que es totalmente falso. Estos hechos, indudablemente, causa la algarabía de la Ministra de Educación y de la ultra derecha en su conjunto. Situación ésta que rechazamos.
Sobre la llamada “ley consensuada” ya hemos planteado, que una cosa es consensuar ideas y opiniones, otra cosa es consensuar leyes. Consensuar leyes es poner en el mismo nivel o en la misma balanza a la Ley del Profesorado 24029 y a la apócrifa Ley 29062, lo que consideramos incorrecto; pues sabemos que en la primera ley se han establecido derechos que son frutos del sacrificio y la lucha del Magisterio Nacional, ha sido aprobada por el Pleno del Congreso de la República y hoy agrupa al 95% del Magisterio; mientras la segunda, la 29062, ha sido digitado por el Banco Mundial, atenta contra los derechos conquistados como la estabilidad laboral, no ha sido consultada al Magisterio Nacional, tampoco ha sido debatida ni aprobada por el Pleno del Congreso de la República y agrupa escasamente al 5% de maestros, siendo una ley que flexibiliza las relaciones laborales del trabajador con el Estado, claro está, para seguir profundizando la privatización de la educación pública como hasta ahora se hace. Flexibilización laboral significa trabajar sólo aceptando la condición de contratados; aceptar los despidos para implantar las contrataciones unilaterales, condicionadas y abusivas, que si hoy todavía no lo pueden hacer, es porque el gran grueso de maestros se mantiene en la Ley del Profesorado.
No es que las Bases Regionales del SUTEP no tengamos propuesta magisterial, sí la tenemos, la misma que refleja los verdaderos intereses y necesidades del Magisterio Nacional; pero tenemos que saber ubicamos correctamente en el contexto real y actual en que nos hallamos, contexto en que la ultraderecha y el imperialismo, a través del golpe del 92, han impuesto la Constitución del 93 para, precisamente, aplicar su plan neoliberal; en que los partidos políticos en el Parlamento y los gobiernos de turno siguen gestando y aplicando políticas y normas anti laborales; por tanto la situación actual en nada nos garantiza para que aprueben una ley tal como el Magisterio Nacional lo necesita y lo demanda; simplemente, tras el argumento de “nueva ley”, estaríamos jugando a favor de la destrucción de la Ley del Profesorado N° 24029, objetivo que tienen en mira los que manejan este Estado para, precisamente, seguir aplicando mayor privatización y flexibilización laboral. Por ello desechamos estas vanas ilusiones que hacen daño y nos reafirmamos en luchar por defender y ampliar los derechos establecidos en la Ley del Profesorado 24029; derogatoria de la 29062, 29510, CAS, nombramiento e inclusión de los maestros contratados titulados en la Ley del Profesorado N° 24029, y exigir la solución de nuestro Pliego de Reclamos, donde se plantean nuestras demandas urgentes.
Lima, 20 de Abril del 2012.
CONARE SUTEP: BASE REGIONAL DE LIMA
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