Raida Cóndor lleva más de dos décadas de lucha inquebrantable. A sus 70 años, y aquejada por algunas complicaciones en su salud, ella se mantiene firme en su exigencia para que el Estado ubique los restosde su hijo Armando Amaro Cóndor, uno de los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta que fueron secuestrados y asesinados el 18 de julio de 1992 por el grupo Colina, por disposición de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima acaba de iniciar una investigación con el propósito exclusivo de ubicar y restituir a los familiares los restos de las víctimas del caso Cantuta y del universitario Ernesto Castillo Páez.
Esta investigación ya no es para sancionar a los autores. Alberto Fujimori, el principal responsable, ya fue sentenciado y cumple una condena de 25 años. “La ciudadanía debe entender que no basta con la sanción penal, aquí hay un tema de fondo que es humanitario: los familiares tienen derecho al entierro de sus víctimas, para cerrar el dolor”, subraya Gisela Ortiz, hermana del estudiante Enrique Ortiz.
Desde que se cometieron los hechos, los familiares solo lograron dar con algunas partes de los restos de cinco víctimas. Falta ubicar los restos de Dora Oyague Fierro, Armando Amaro Cóndor, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y el catedrático Hugo Muñoz Sánchez.
En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano labúsqueda y restitución de los restos, pero el Ministerio Público se ha desentendido del tema, según recuerdan Gisela Ortiz y Pilar Fierro, madre de la estudiante Dora Oyague.
“Imagínate, no enterrar a tu hija es una pena grande. Con tanto cariño que la he cuidado”, se lamenta Pilar Fierro, con la foto de su hija Dora en sus manos.
El caso Castillo Páez
Cromwell Castillo, padre de Ernesto Castillo Páez, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que fue secuestrado y desaparecido el 21 de octubre de 1990, cuestiona que los cuatro policías sentenciados por este caso ya están libres y él sigue con la incertidumbre de saber dónde están los restos de su hijo.
En su opinión, los policías, que ya disfrutan de su libertad, deben informar al Ministerio Público qué hicieron con su hijo y dónde están los restos, para poder enterrarlo.
Sin plan de búsqueda
Gisela Ortiz asegura que estos dos casos ponen en evidencia la gran debilidad de las instituciones del Estado para los casos de desaparición forzada.
Por ello insiste en que se debe aprobar una política para contar con un plan de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. “Son más de 15 mil desaparecidos”, subraya.
Raida Cóndor asegura que ellos seguirán en su búsqueda y lucha. “Para mí es importante encontrar los restos de mi hijo o lo que queda de él —concluye—. Yo quiero enterrarlo, solo eso deseo para morir tranquila”.
Más datos
Precedente. El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, destacó el inicio de la investigación para ubicar los restos de las víctimas del caso Cantuta y de Ernesto Castillo Páez, pues se trata de un primer proceso que podría sentar un precedente para futuros casos.
