¡DEROGATORIA DE LA NEFASTA LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL Nº 29944!

domingo, 29 de marzo de 2009

Escuela, gobierno y mercado. Las privatizaciones en el campo educativo



El siglo XX ha terminado y se impone una perturbadora pregunta: ¿qué quedará de la escuela pública en el milenio que comienza? El artículo describe de forma crítica y desalentadora los procesos de privatización emprendidos en el ámbito educativo. Y los divide en dos grupos: la privatización de la prestación, en que el Estado delega ciertas responsabilidades públicas, aunque mantiene su condición de agente financiero; y la privatización del financiamiento, en que el Estado transfiere los costos a los propios usuarios o a determinadas entidades privadas.

La escuela pública es una invención propia de la modernidad. Y resume todas las potencialidades democráticas y emancipatorias, así como los más perversos mecanismos reproductores de la desigualdad y la exclusión que intrínsecamente han definido y definen los tiempos modernos.

Desde la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, y durante el siglo XIX la escuela pública fue configurándose política e intelectualmente como proyecto y posibilidad histórica, como construcción imaginaria y régimen institucional para la educación de las mayorías. El siglo XX marcó, con todas sus contradicciones y conflictos, la era de oro de su crecimiento y desarrollo. Asociada indisolublemente a la conquista de los derechos sociales, la escuela pública pasa a ser identificada como una de las condiciones esenciales para la realización de la promesa integradora de la modernidad: la construcción de una sociedad de ciudadanos y ciudadanas que conviven en el respeto a ciertas normas básicas de libertad, justicia social e igualdad. Resulta evidente que, en determinados contextos, dicha promesa integradora se realizó de forma parcial y dramáticamente limitada. Sin embargo, y más allá de eso, la escuela pública, como aspiración o realidad, logró constituirse durante este último siglo en una de las referencias básicas e inalienables de toda sociedad democrática.

Pero el siglo XX ha terminado y, aunque perturbadora, una pregunta se impone: ¿qué quedará de todo esto en el milenio que comienza?

Adivinar el futuro no es la pretensión de las Ciencias Sociales. De cualquier forma, algunos indicios que nos ofrecen las actuales políticas educativas pueden ayudamos a pensar de manera prospectiva sobre el probable destino que cabe esperar para la escuela pública en el próximo siglo. Un destino que, a primera vista, no parece muy alentador.

La privatización como amenaza

Algunos enfoques recientes profetizan que, en la sociedad del futuro, la diversidad de mecanismos y redes de difusión del conocimiento irán a cuestionar la función social de la escuela, poniendo en riesgo su propia existencia. Para bien o para mal, apologética o apocalípticamente, tales perspectivas le asignan a la escuela una corta vida. La televisión y las redes de ordenadores suelen ser identificados como los medios que permitirán, desde el propio hogar o desde el lugar de trabajo, el acceso masivo al conocimiento "necesario", tomando así la escuela en una institución obsoleta.

Sospechosos como toda profecía milenarista, estos enfoques se debaten entre el ser y la nada sin demasiado fundamento empírico. La escuela como institución educativa, a pesar de la importancia y el impacto de las tecnologías de base microelectrónica en la vida social y productiva contemporánea, no parece estar desapareciendo de la faz de la tierra. Tampoco la gente común, especialmente los excluidos, suele aceptar de buen grado que la escuela haya perdido significado social, y confían ingenuamente en la promesa de que algunas horas diarias de navegación por Internet les permitirán acceder, por ejemplo, a un buen empleo.

Las personas conocen el valor que la institución escolar posee en nuestras sociedades. Por eso, luchan por acceder a ella, aunque no siempre lo consigan. Y se sienten estafados cuando los servicios educativos son de baja calidad y las experiencias pedagógicas carecen de estímulo e interés. Nada indica, pues, que en el futuro las instituciones educativas vayan a desaparecer.

El riesgo de la escuela pública no reside en el hecho de que deje de ser escuela, sino en que sea pública. Las políticas educativas en una buena parte del mundo, tanto en el norte como en el sur, se caracterizan por una tendencial privatización de los servicios escolares. Claro que la pretensión de privatizar la escuela pública no es nueva. En la modernidad, la historia de las instituciones educativas siempre ha estado marcada por una tensión estructural entre los proyectos políticos y económicos fundamentados en la necesidad de ampliar o reducir el carácter público de las mismas. Lo nuevo en la actual coyuntura no radica en que la escuela pretenda ser privatizada, sino en la dinámica que está caracterizando el proceso de privatización escolar promovido por los gobiernos conservadores que administran los principales países (centrales y periféricos) del victorioso capitalismo mundial.

Comprender esta dinámica es de fundamental importancia para poder pensar en el futuro de la escuela pública. Y también para poder pensar mejores y más poderosas estrategias políticas para defenderla y transformarla de una manera enteramente democrática.

Significados de la privatización

La privatización de la escuela pública forma parte de un proceso más amplio de reestructuración de la vida política, económica, jurídica y cultural que caracteriza el desarrollo capitalista contemporáneo, una de cuyas características fundamentales es el progresivo desmantelamiento del Estado como agencia productora de bienes y servicios y como aparato institucional orientado a garantizar y promover los derechos de la ciudadanía. La defensa radical de la privatización como estrategia de salida a la crisis de los Estados de bienestar (y, en Latinoamérica, de los Estados populistas), constituye el eje central de las políticas neoliberales. Desde esta perspectiva hegemónica, privatizar es la condición necesaria e imprescindible para aproximarnos al único ideal de gobierno compatible con la libertad humana: el Estado Mínimo (Sader y Gentili, 1997).

Sin embargo, aun cuando la privatización constituye un eslabón central del actual proceso de reestructuración capitalista mundial, la dinámica que caracteriza este proceso en el campo educativo posee una especificidad propia que no puede ser confundida o reducida a la que caracteriza los procesos de privatización en el campo productivo. Dicho de otra forma, la privatización escolar y la económica forman parte de un mismo movimiento de reestructuración, aunque están regidas por características y mecanismos no siempre semejantes.

Nos enfrentamos aquí a una cierta paradoja. Los críticos de las políticas neoliberales acusan a éstas (y con razón) de fundamentarse en una visión segmentada y economicista de la vida social, especialmente de la actividad educativa. No obstante, cuando estos mismos críticos analizan la privatización escolar, muchas veces lo hacen confundiendo su dinámica con aquella que caracteriza los procesos de privatización económica. La crítica al economicismo se vuelve ella misma economicista, perdiéndose de vista algunas especificidades que permiten comprender mejor los alcances y efectos antidemocráticos de la privatización escolar.

Para evitar este reduccionismo, conviene partir de una definición amplia y descriptiva del proceso privatizador: privatizar significa delegar responsabilidades públicas a organizaciones o entidades privadas. Estas formas de delegación pueden realizarse de muy diversas y complejas maneras, la más evidente de ellas es la venta de empresas públicas a capitales privados (Donahue, 1989).

El Cuadro 1 ("Formas de combinación público-privado en el campo educativo”) presenta cuatro combinaciones básicas que diferencian las modalidades público y privado a partir de dos dimensiones generales: quién financia y quién presta o suministra la actividad educativa.

El proceso de privatización puede ser comprendido como la trayectoria recorrida desde el cuadrante 1.1 al 2.2; una trayectoria donde se reconocen tres formas complementarias y no excluyentes de delegación: prestación pública con financiamiento privado (cuadrante 1.2 - "Privatización del Financiamiento"), prestación privada con financiamiento público (cuadrante 2.1 - "Privatización de la Prestación y prestación privada con financiamiento privado (cuadrante 2.2 - "Privatización Total"). Las modalidades 2.2 y 1.2 suelen ser presentadas como las formas prototípicas de privatización educativa. En ambas se produce un abandono (parcial o total) del Estado como principal 'instancia de financiación de la oferta escolar.

Por otro lado, el cuadro 1 nos alerta también sobre la existencia de otras formas de delegación que poseen una importancia fundamental en el proceso de reestructuración educativa promovido por las Administraciones neoliberales. Se trata de formas de privatización cuyo desarrollo se da prioritariamente en el campo de las políticas sociales y, de manera específica, en las políticas educativas. La privatización de la prestación es un tipo particular de delegación de responsabilidades públicas a entidades privadas, donde el Estado mantiene su condición de agente financiero. En otras palabras, el Estado se aleja de determinados campos de actuación educativa, delegando esas responsabilidades a agentes o grupos privados que las desarrollan teniendo como fuente de subsidio el propio financiamiento gubernamental.

En la modalidad 1.2 (privatización del financiamiento), el Estado se aleja de su función subsidiaria transfiriendo los costos del servicio escolar a los propios usuarios del sistema o a determinadas entidades privadas. Esto promueve e intensifica dos tendencias asociadas. Por un lado, el aumento de la oferta de instituciones privadas en el campo educativo. Por otro, la privatización parcial de algunos segmentos institucionales dentro del propio sistema escolar público.

La delegación del suministro (cuadrante 2.1), por su parte, no implica necesariamente una reducción de la responsabilidad financiera del gobierno (a veces, como veremos, significa todo lo contrario), sino la transferencia de determinadas responsabilidades de gestión, planificación y acción educativas, que pasan a ser suministradas por ámbitos o agentes privados, manteniendo el financiamiento estatal. En el campo educativo, privatizar puede significar, al mismo tiempo, una reducción de la inversión pública y la reorientación del gasto gubernamental.

Cuadro 1: Formas de combinación público/privado en el campo educativo



Veamos algunos ejemplos.

Privatización del financiamiento

Analizaremos esta posibilidad desde distintas perspectivas:

Universidad: La tendencia a una privatización progresiva de los servicios universitarios ya ha sido destacada como una de las características estructurales de la educación superior latinoamericana (Levy, 1995). En algunos países de la región, corno por ejemplo Chile, una parte del financiamiento de las universidades públicas depende del pago de aranceles de matrícula cobrados a la población estudiantil. En otros, como Argentina, aun cuando los estudios de grado son gratuitos el sistema de postgrado se mantiene mediante el cobro de aranceles a los usuarios de los servicios ofrecidos, configurando así un subsistema que se rige por la lógica privada dentro mismo de las instituciones universitarias públicas.

Si bien la comunidad académica argentina ha defendido históricamente la gratuidad de la educación superior, el espectacular desarrollo de los postgrados (maestrías, doctorados y cursos de especialización) ocurrido en el país desde finales de los años ochenta se ha fundamentado en la transferencia a la población estudiantil de la responsabilidad del financiamiento de los cursos ofrecidos. Existe, en rigor, una gran variedad de ofertas que se refleja en una no menos variada diversidad de valores en el costo de las actividades desarrolladas. Lo cierto es que, casi en su totalidad, el sistema de postgrado de las universidades públicas argentinas se financia en buena medida de forma privada. Cuando un curso deja de ser rentable (esto es, no capta los recursos suficientes como para garantizar su autofinanciamiento), suele ser cancelado.

Son pocos los cursos que consiguen sobrevivir sin sustentarse con los aranceles pagados por la comunidad estudiantil. Así, en países como Argentina se ha configurado un circuito institucional que funciona por criterios determinantes de la oferta y la demanda, mediante un sistema de precios variables, y con salarios docentes diferenciados y establecidos según criterios de productividad dentro mismo de las universidades públicas nacionales. Quien presta el servicio de postgrado son, entre otras, las universidades estatales, pero quien lo financia son sus usuarios.

Apadrinamiento

Los mecanismos de apadrinamiento y adopción de escuelas constituyen una de las estrategias más difundidas y promovidas por los gobiernos neoliberales latinoamericanos. Su fundamento reside en la posibilidad de transferir determinadas responsabilidades de inversión a agentes privados (individuos o empresas) que, en su condición de “padrinos", pasan a contribuir financieramente en favor de las instituciones beneficiadas. De manera general, los aportes financieros ofrecidos por estos padrinos suelen orientarse para el costeo de gastos de infraestructura y equipamiento.

Las formas discursivas mediante las cuales se pretenden legitimar estas acciones son variadas. Desde los gobiernos se enfatiza la debilidad del Estado para hacer frente a las demandas de inversión que formulan las instituciones educativas públicas. Asimismo, apelando a la no siempre manifiesta sensibilidad de las élites económicas se enfatiza la responsabilidad "social" de los empresarios, destacándose que la inversión privada en la educación pública contribuye a desarrollar el "sentido de ciudadanía" de los hombres de negocios.

No debe llamar la atención que sea justamente en Brasil, país en el que la disparidad entre ricos y pobres es una de las más injustas del mundo, donde más se haya difundido este tipo de filantropía pedagógica. Empresas y empresarios brasileños se han sumado a un cínico festín de "ayuda a los carentes" mediante sistemas de donaciones, casi siempre amparados en algún tipo de beneficio fiscal.

"Adopte una escuela" es el lema del momento, promovido por el propio gobierno federal y estimulado por los gurúes del mundo empresarial que enfatizan los beneficios económicos y publicitarios de la filantropía estratégica. En esta misma finca, el gobierno brasileño ha lanzado recientemente un programa que haría sonrojar de vergüenza hasta a la propia Concepción Arenal y su ejército de damas de la caridad: "Adopte a un analfabeto". El Estado se desvincula de su responsabilidad en relación a la financiación educativa, transfiriendo esa función a quienes, mediante obras de caridad, pretenden ganar el reino de los cielos... o la simpatía de los consumidores.

Privatización de la prestación

Si las formas anteriores distan mucho de ser novedosas, la privatización de la prestación ofrece algunos indicios bastante más originales. Tal como hemos destacado, privatizar no significa la reducción del Estado, sino también la redefinición de sus funciones: una redefinición que establece una nueva dinámica en las fronteras entre lo público y lo privado.

Al observar qué ha ocurrido en las políticas educativas latinoamericanas durante estos tiempos de hegemonía neoliberal, verificamos que, en efecto, el Estado se ha alejado de su responsabilidad financiera. Sin embargo, al mismo tiempo podemos comprobar que no siempre esto ha ido de la mano de una reducción de los presupuestos educativos nacionales. Lo que ha sucedido es que los recursos públicos han sido reorientados en una dirección claramente beneficiosa para determinados grupos privados y, en algunos casos, con el objetivo de estimular la creación de condiciones de eficacia, eficiencia y competitividad mercantil en el interior de los propios sistemas escolares.
Dos breves ejemplos ilustran esta tendencia.

Terciarización

Sin demasiada originalidad, los gobiernos neoliberales latinoamericanos han reconocido que la crisis de la calidad educativa se resuelve mediante políticas de formación docente. De una forma u otra, éste ha sido uno de los ejes centrales de las reformas implementadas en la región durante los últimos años. Lo curioso es que dicho énfasis en la formación de profesores no se ha traducido, como podría esperarse, en la delegación de su financiamiento estatal, sino en relación a su gestión.
En efecto, mediante diferentes mecanismos y estrategias institucionales, una buena parte de los gobiernos latinoamericanos han tendido a terciarizar su política de cualificación del cuerpo docente. En algunos casos, los gobiernos licitan los programas de formación de profesores. En otros, se promueven diferentes formas de contratación directa de agencias privadas que desempeñan estas tareas, sustituyendo o complementando la acción pública. Aunque en algunas ocasiones los beneficiarios de la terciarización son también espacios públicos (como por ejemplo las universidades), quienes suelen adjudicarse los contratos ofrecidos son empresas privadas que pasan a prestar servicios de formación docente financiados por el Estado.

A partir de una serie de criterios muy amplios de selección (sintetizados en los pliegos de licitación), el gobierno delega la planificación y la gestión de la formación docente a un conjunto de empresas que, de forma privada, los administran. Resulta interesante el hecho de que, cuando las universidades públicas se presentan a estas licitaciones, lo hacen constituyendo grupos de profesionales que funcionan, de hecho, con una lógica privada y sin una vinculación institucional orgánica con sus entidades académicas de origen. Como quiera que sea, la privatización de la formación docente se ha producido en un contexto donde los gobiernos aumentan los recursos destinados a este sector, estimulando la participación de la iniciativa privada en el suministro de los cursos ofrecidos.

Reforma curricular

El segundo gran eje de las reformas ha consistido en un ambicioso programa de reestructuración curricular. Los gobiernos latinoamericanos, dispuestos a reformar el currículo, han invertido grandes recursos públicos en esta tarea. Sin embargo, quienes han ofrecido los ejes y las bases de esta reforma no han sido ni la comunidad escolar ni ninguna instancia pública de gestión de la actividad pedagógica, sino grupos privados de expertos curriculares contratados por los ministerios de Educación.

En Brasil, por ejemplo, la reciente reforma curricular tuvo como origen un conjunto de documentos de base a partir de los cuales se estructuraron los llamados Parámetros curriculares Nacionales. Dichos documentos, precedente central del nuevo currículo nacional brasileño, fueron elaborados por una comisión de especialistas ad hoc, muchos de ellos extranjeros, coordinada por el profesor César Coll. Más allá de la orientación psicologizante y tecnocrática del nuevo currículo, una cuestión que no debería sorprender a los lectores españoles, llama la atención que éste fuese diseñado sin ninguna mediación o participación pública en lo que se refiere a su contenido. Quien financió la reforma del currículo fue el gobierno nacional, pero quien la realizó fueron los equipos de expertos que, a saber por qué milagro de la naturaleza, poseen el don de considerarse depositarios de las verdades ocultas del conocimiento oficial, tanto dentro como fuera de sus países.

El mismo gobierno que considera exagerado un costo por alumno que supera los 180 dólares anuales, en el mismo país en el que algunos municipios pagan salarios docentes que no exceden de los 100 dólares mensuales, el Estado asumió sin medir gastos una reforma curricular cuyos principales protagonistas fueron aquellos que se empeñan, gracias a una irresponsable complicidad doméstica, en evangelizar pedagógicamente al Tercer Mundo vendiendo nuevos espejitos de colores.

No existe en este caso ninguna forma de apadrinamiento empresarial. Los hombres de negocios no han gastado ni un centavo en la reformulación del currículo. Todo se ha hecho utilizando recursos públicos o préstamos de las agencias financieras internacionales como el Banco Mundial, las cuales, en rigor, son las que definen el rumbo de las reformas educativas en buena parte de los países latinoamericanos. Pero el hecho de que sea el Banco Mundial quien garantiza los recursos para las reformas educativas no cambia, sino que más bien fortalece las tendencias presentadas. En efecto, los préstamos de estos organismos se convierten en una deuda externa que los países periféricos deben pagar luego... con nuevos recursos públicos. La reforma del currículo expresa emblemáticamente estas nuevas modalidades de privatización, mediante las cuales una serie de grupos sin otra representación que la que emana del poder del dinero o de las influencias colonizantes acaban ocupando el espacio de la esfera pública, sustituyéndola.

La privatización como forma de exclusión

Pero podrían ser considerados muchos otros ejemplos para comprender mejor esta redefinición de las fronteras entre lo público y lo privado en el campo educativo (por ejemplo, la modalidad que asumen los nuevos mecanismos de evaluación de los diferentes niveles del sistema; el estímulo a la formación de cooperativas de profesores; la difusión e implementación de vouchers, escuelas charters y otras formas de organización escolar privatizante desarrolladas en los Estados Unidos y difundidas cada vez con más énfasis en Latinoamérica, etc.). También se podría discutir y mucho sobre si la escuela estatal ha siclo históricamente, en América Latina, un genuino espacio público (lo cual quizá nos permitiría comprender que lo que está ocurriendo es la reprivatización de un espacio que, de hecho, siempre fue privado).

Evidentemente, la pretensión de analizar estos procesos excede las posibilidades de este breve artículo. Sin embargo, comprender de forma crítica los procesos de privatización en el campo educativo es algo fundamental, porque estos últimos marcarán de manera dramática el futuro de nuestra escuela pública. Nos enfrentamos así a un enorme desafío intelectual y político, y también a un gran reto de carácter ético. En tal sentido, en una cosa se parecen la privatización económica y la privatización escolar ambas: se fundamentan en mecanismos regresivos de distribución del poder que acaban favoreciendo a los grupos más poderosos de la sociedad. La privatización de las empresas productivas del Estado amplía todavía más la concentración del poder económico. La privatización escolar crea condiciones favorables a una más amplia y marcada concentración y monopolio del poder educativo. Las consecuencias de este proceso son evidentemente antidemocráticas: la dualización del sistema se profundiza. "Ganadores" y "perdedores" en la distribución diferencial de los bienes educativos van cristalizando sus posiciones en sistemas escolares marcados por la desigualdad y la negación brutal del derecho social al conocimiento.

Difícil es saber si éste será el panorama futuro del sistema educativo en el próximo siglo. Aunque seguramente lo será si, víctimas del desencanto, dejamos de luchar por la necesaria defensa y la transformación de nuestra escuela pública.

Pablo Gentili /Privatización-Políticas gubernamentais e de partidos

viernes, 20 de marzo de 2009

EXITOSA I CONVENCIÓN ORDINARIA DEL CONARE SUTE LIMA CONTINUA EL 21 DE MARZO






Cortesía: Sute 17 sector

El evento fue programado desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, pero duro hasta las 6 de las tarde agotándose solamente los tres primeros puntos de cinco que tiene la agenda; por consiguiente el evento se postergó para el próximo sábado 21 de marzo a las 9.00 am en el local de la ex cooperativa Santa Elisa debido a que el local estuvo alquilado a otra institución.

Contando con la convocatoria esperada, más de diez sectores de Lima estuvieron presentes, terminando con un pequeño acto cultural culminando de manera exitosa esta I CONVENCIÓN ORDINARIA DEL CONARE SUTE LIMA METROPOLITANA.

La agenda es:

1. Informes
2. Situación nacional e Internacional
3. Situación magisterial
4. Situación orgánica del Conare Sute Lima Metropolitana
5. Tareas.

¡VIVA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL MAGISTERIO NACIONAL!

¡RECHAZAR LA EVALUACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA LEY DE CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL!

¡RECHAZAR LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN=PRIVATIZACIÓN!

¡VIVA EL CONARE SUTEP!¡POR ELECCIONES UNIVERSALES DIRECTAS Y SECRETAS EN EL SUTE REGIONAL LIMA METROPOLITANA!

¡UN MAESTRO UN VOTO!

¡INICIAR LA HUELGA NACIONAL 2009!

Conare Sute Lima

miércoles, 4 de marzo de 2009

FRENTE DE DEFENSA DEL PUEBLO DE AYACUCHO CONTRA ESCISIONISMO DE ROBERT HUAYNALAYA‏


El Glorioso Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, respalda firmemente el pronunciamiento del Sute Regional Ayacucho, liderado por el Profesor Cleto Falcón Pantigozo de realizar una Asamblea Nacional Preparatoria del Congreso de Unidad del CONARE - SUTEP, urgente necesidad de todo el magisterio nacional para seguir avanzando en el exitoso e inevitable proceso de Reorientación y Reconstitución del SUTEP desde las bases hasta el CEN y derrotando en dura lucha política e ideológica al escisionismo hoy encabezado por el caudillo y usurpador de la dirección del CONARE -SUTEP Roberth Huaynalaya.

El combativo magisterio ayacuchano no acata ni acatará los mandatos de ningún caudillo que en espúreos congresos como lo maquinado en Barranca a fines de enero del 2009 hayan "decidido" realizar una movilización nacional el 05 de marzo del presente año y "decidido" realizar una huelga nacional en los próximo meses..........el pueblo de Ayacucho dirigido por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y el magisterio ayacuchano dirigido por el Sute Regional Ayacucho, no será furgón de cola del escisionista Roberth Huaynalaya.......preparemos la Huelga Nacional y otras medida de lucha del magisterio nacional para el presente año dirigido por el CONARE - SUTEP y como parte de esa preparación impulsemos decididamente la Asamblea Nacional preparatoria del Congreso de Unidad del CONARE - SUTEP a realizarse el 28 y 29 de marzo del 2009 en la ciudad de Lima.

IBER MARAVI OLARTE

Presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho

CONARESUTELIMA - PRONUNCIAMIENTO


COMITÉ DE REORIENTACIÓN Y RECONSTITUCIÓN DEL SUTE – LIMA
PRONUNCIAMIENTO



EL MARCO MUNDIAL PARA MÁS PRIVATIZACIÓN

La crisis mundial de esta civilización capitalista fracasada liderada por el imperialismo yanqui, gendarme mundial y enemigo principal de los pueblos del mundo, mostrará sus consecuencias en el Perú estos dos años que se avecinan. Ningún economista burgués puede prever las secuelas que dejará en nuestro pueblo, en los trabajadores y en los campesinos quienes recibirán en sus espaldas todo el saqueo que los grandes y gordos financistas yanquis quisieron hacer a su propio pueblo.
En el Perú, la crisis mundial neoliberal desgarra: la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) publicó en enero que despidieron a 60 mil trabajadores; la 1ra semana de febrero, las mineras despidieron a más de 15 mil mineros; éstas son las recientes acciones de lo que se viene en estos dos años: despidos de obreros, pequeñas empresas quebradas, agro derruido, desempleo y dolor, etc., que generarán más hambre y miseria en los más desprotegidos, es decir, en más del 70% de nuestro pueblo.

Las desesperadas inversiones estatales en vivienda, pistas y algunos ridículos subsidios, no son más que paliativos superficiales que no mellarán en absoluto los efectos de la gran crisis mundial. En otras palabras, el tan cacareado “plan anticrisis” solamente son parches y fórmulas que no podrán arreglar, ni menos desarrollar nada, sino solamente mantener al pueblo inmovilizado, paralelo a la “Criminalización de las protestas populares” que el estado viene ejerciendo contra su propio pueblo y a favor de la gran burguesía, que todos sabemos se hace cada vez más rica en la misma proporción que el pueblo se hace cada vez más pobre y sufre los latigazos de leyes no solamente represivas, sino antilaborales, que mellan cada vez más los derechos del pueblo como es el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la sindicalización.

Fehacientemente, el domingo 8 de febrero, el diario La República publica en la página 21 un informe del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo): “POBREZA DE AMÉRICA LATINA SE ELEVARÍA UN 15% DURANTE EL 2009”. Sin embargo, para detener la crisis, dice el PNUD, los países “en vías de desarrollo” deben “elevar drásticamente los gastos públicos” y que “la región necesita con urgencia una inyección de fondo públicos si quieren evitar que se pierdan los significativos avances sociales logrados...”. Lo que queríamos demostrar, el gobierno alanista, en realidad, no aplica ninguna política de solución verdadera ante las consecuencias de esta crisis mundial, solamente algunos emplastos propuesto por la ONU, sabiendo que esta institución mundial es monitoreado por el imperialismo yanqui y asesorado por el FMI y el BM.

Todos los productores nacionales, la pequeña empresa, Y EL PUEBLO, saben que la única solución es defender la producción nacional, por lo tanto el trabajo para el pueblo; sin embargo, el imperialismo trae todos los males juntos, pues la firma del TLC con EE. UU. terminará aplastando esa pequeña producción nacional pues los productos norteamericanos vendrán con aranceles cero, más los subsidios que el gobierno norteamericano da a su producción, llegarán productos más baratos que lo que aquí se produce. Más todavía, la IV Flota yanqui cuya función es rondar por América del Sur ha sido activada después de más de 40 años para proteger sus intereses económicos por mar, dice, contra ataques terroristas; además de la política saqueadora de “apertura a la inversión privada” (extranjera) que este gobierno ha establecido como política económica principal. La cháchara de este presidente lacayo de “cómprale al Perú” no es más que una mofa al hundimiento de la producción nacional sabiendo que los productos se han elaborado con alto costo.

Todo este panorama nos indica que la crisis mundial será determinante, el TLC expoliador, la bolsa especuladora encarece el dólar, etc.; por ello, la política de apertura a las inversiones solamente se traduce en MÁS PRIVATIZACIÓN.
LA MUNICIPALIZACIÓN, la LCPM, LAS EVALUACIONES POLÍTICAS Y PUNITIVAS.

Este paquete privatizador que viene desde la Ley General de Educación, Emergencia Educativa, LCPM, Municipalización y otras, aplicado en la educación es parte esencial de la política neoliberal del imperialismo:

LA PRIVATIZACIÓN.

En general, el gobierno aplica recetas de los organismos del imperialismo (BM, FMI), porque es una semicolonia. El gobierno obedece como el cacique de una semicolonia debe obedecer. El pueblo es sometido de todas las formas a una característica de la sociedad: vivimos y nos mantenemos como una semicolonia y sumada a una historia semifeudal, da como resultante que la sociedad en general tiene una condición: somos capitalismo burocrático, en otras palabras, que somos un capitalismo tuberculizado, ahora infectado de la bacteria seudomona aeruginosa que termina infectando órganos esenciales y cangrenando la producción nacional.

La segunda etapa de la municipalización llamada “de expansión 2009 – 2010” entra en proceso pues ha sido superada la primera etapa llamada Plan Piloto 2007- 2008.

¡¡ RECHAZAMOS CUALQUIER INTENTO DE MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PORQUE NO ES MÁS QUE EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS !!

El 15 de febrero, el MINEDU someterá a los profesores contratados a evaluaciones políticas y punitivas para acceder a un puesto de trabajo en las peores condiciones. Para nadie es un secreto que las plazas se ajustarán al chantaje, al nepotismo, al padrinazgo y a la corrupción. Pero principalmente, los profesores honestos estarán a merced de estas evaluaciones políticas y punitivas precisamente para expulsar y despedir a los maestros más incómodos a la política proimperialista y vendepatria.

¡¡ RECHAZAMOS CON INDIGNACIÓN CLASISTA A TODAS LAS EVALUACIONES POLÍTICAS Y PUNITIVAS QUE EL GOBIERNO IMPONGA A LOS MAESTROS !!

EL CONARE ES UN ORGANISMO QUE PERTENECE A LAS ENTRAÑAS DEL PUEBLO
Si la primera etapa de plan piloto de la municipalización ha sido superada y hoy aplican sin asco la segunda etapa de expansión 2009-2010, además que nadie se les opone a estas evaluaciones políticas y punitivas del 15 de febrero, es porque el CONARE está siendo atacada por el escisionismo que ha debilitado las luchas de los maestros, por ello instamos a esa facción escisionista a escuchar el clamor de las bases a forjar la unidad del CONARE con el congreso de unidad de marzo, necesidad que el pueblo busca resolver con toda sus fuerzas. Verdaderamente la fuerza de unidad del CONARE va a depender de la fuerza con la que derrotemos a ese escisionismo que tanto daño a hecho y hace feliz al imperialismo. Si el CONARE es un organismo que pertenece a las entrañas del pueblo y el pueblo quiere unidad, ¿cómo es que esta facción escisionista no oiga lo que las masas claman?

¡¡ LLAMAMOS A TODOS LOS MAESTROS A DERROTAR DE UNA VEZ POR TODAS AL ESCICIONISMO MISERABLE Y FORJAR EL CONGRESO DE UNIDAD DEL CONARE DEL28 Y 29 DE MARZO DEL 2009 !!

Nos solidarizamos con el caso del sindicalista clasista Mario Vicencio del SUTE XV sector SJL. Que sigue siendo perseguido por “proselitismo político” por publicar el poema SALUTACIÓN de J.G. Rose. Esta es muestra clara de cómo se aplica la mofable y patética criminalización de la protesta popular.

¡¡ VIVAN LAS ESCUELAS SINDICALES PARA DESARROLLAR LO IDEOLÓGICO Y POLITICO !!
¡¡ RECHAZAR EL ESCISIONISMO QUE SIRVIÓ PARA DIVIDIR AL CONARE Y ALEGRAR AL IMPERIALISMO !!
¡¡ FORJAR EL CONGRESO DE UNIDAD DEL CONARE DEL28 Y 29 DE MARZO DEL 2009 !!


Febrero 2009


CONARE – LIMA
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